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El fin del ‘consenso’ bajo extorsión

Publicado el 18/12/2019  /   Sin comentarios

El presidente y los gobiernos provinciales acordaron congelar el Consenso Fiscal del macrismo y, a cambio, distritos como Santa Cruz frenan los juicios contra la Nación. Sin embargo, el gobierno recibirá los fondos para la Caja de Previsión Social. Ahora, la Legislatura deberá aprobar la suspensión de lo que se firmó en 2017.TRES-opt-1

*Por Sara Delgado

En 2017 el gobierno de Alicia Kirchner firmó el Consenso Fiscal con Cambiemos, bajo amenaza de quedarse sin los aportes para el déficit de su caja de jubilaciones. Sin embargo, apenas seis meses después de eso, Nación dejó de cumplir cuando eliminó el Fondo Federal Solidario y, luego, dejó de enviarle el dinero para el régimen previsional.

En total, fueron 1.800 millones entre ambos ítems, a los que hay que sumarle otros $ 900 millones por el cumplimiento de las pautas que el consenso traía, como fue la reducción de alícuotas que mermaron la recaudación provincial.

 

Fue en ese contexto que la provincia se negó a firmar la adenda que luego lanzó el gobierno de Cambiemos, a la que añadía el aumento de la base imponible sobre del impuesto a las Ganancias, rubros que cobran profesionales y empleados de la administración pública.

En definitiva, el consenso fiscal que la alianza neoliberal promovió como el gran acuerdo que iba a promover el empleo y las economías regionales terminó siendo un enorme blef cuando la situación económica siguió desmejorando, al tiempo que el macrismo responsabilizaba de aquello a los vaivenes internacionales.

Santa Cruz fue la primera provincia en denunciar la derogación por DNU del Fondo Federal Solidario, y antes de que Macri dejara el poder, fue la última en intimarlo a cumplir con el Consenso Fiscal y devolverle a la provincia los fondos que se comprometió a pagar.

Sin embargo, con el cambio de gobierno, la Justicia puso a las demandas en un virtual stand by, al tiempo que Kirchner inició conversaciones con Alberto Fernández y su equipo para que se restituyera la asistencia al régimen jubilatorio.

Ayer, y tal como lo venía adelantando La Opinión Austral, el presidente selló con los gobernadores y la gobernadora, freezar el Consenso Fiscal por un año, y, por lo tanto, suspender la baja de Ingresos Brutos y otras alícuotas que les sacaban a las provincias unos $ 60 mil millones en 2020. La contracara de esto es que los distritos se comprometieron a suspender, por el mismo plazo, todos los juicios iniciados contra el Estado Nacional.

En este sentido, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, le dijo a La Opinión Austral que “primero se va a analizar el impacto que ha tenido el Consenso Fiscal en las economías provinciales, y entiendo que lo que va a pasar es que le vamos a dar tiempo a Nación, para que se recupere, y después discutir lo que nos están debiendo”. Es decir que “los juicios no se dejan de lado, sino que se suspenden”, aclaró.

Consultado acerca de si acaso la demanda por el Fondo Federal Solidario también queda en stand by, el fiscal manifestó que “teóricamente es uno de los juicios que está en el paquete, porque se suspenden todos los juicios vinculados al primer Consenso Fiscal. Recordemos que el gobierno anterior lo derogó unilateralmente y yo no pienso desestimarlo a menos que la gobernadora ordene lo contrario”.

Si bien la provincia santacruceña maneja algunos cálculos acerca de lo que perdió con las medidas de la alianza Cambiemos, la evaluación definitiva está pendiente y, además, Tanarro pidió “tener presente que este gobierno va a dictar una ley de emergencia por la situación que le dejaron los otros, que dictaron un Consenso Fiscal para bajar los litigios, pero por su propia impericia, se multiplicaron”, criticó.

De ahora en más, lo que queda es que la Fiscalía de Estado haga una comunicación a la Corte Suprema, y se presente junto a la Nación de común acuerdo en esos juicios. En paralelo, la Legislatura tendrá que aprobar la suspensión del Consenso Fiscal, cuya firma aprobó con ley.

En definitiva, “lo que se suspende son algunos efectos del Consenso Fiscal, porque algunos perduran, como las trasferencias de fondos a las cajas, eso es algo de lo más importante que estamos discutiendo por otro lado”, sostuvo Tanarro.

Vale mencionar que el acuerdo rubricado ayer crea una Comisión de Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la canasta básica de alimentos, que tendrá la función de «proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial».

Este no es un dato menor, porque las consecuencias de la reducción de esos tributos que el gobierno anterior decidió que salieran por decreto, comenzaron a ser restituidas por goteo por una cautelar de la Corte. No así el Decreto 566, que congeló los combustibles pisando los ingresos por regalías.

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