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Sesión extraordinaria o decreto ad referéndum, las opciones para extender la Emergencia

Publicado el 12/01/2018  /   Sin comentarios

 

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Después de que intendentes, autoridades provinciales y dirigentes gremiales solicitaran la “prórroga” de la normativa que declara la emergencia hidrocarburífera, desde el Gobierno adelantaron que, junto a la Secretaría Legal y Técnica, trabajan en alternativas para volver a poner en vigencia la prohibición de despidos.

En su primer artículo, la Ley de Emergencia Hidrocarburífera sancionada en junio y con vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado, planteaba el hecho de “promover acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”.

Caída la norma, YPF inició a comienzos de enero un plan de despidos que finalmente fueron congelados con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación días atrás.

Mientras rige esa instancia (al menos por unos 21 días), los intendentes de las ciudades petroleras, autoridades provinciales y dirigentes gremiales firmaron un acta acuerdo en la que solicitaban al Poder Legislativo la “prórroga” de la emergencia.

Pero hete aquí el dilema. La norma, como tal, ya no tiene vigencia, por lo que no podría ser extendida su aplicación para que abarque el pedido de dichos actores. Por eso, desde el Gobierno Provincial confiaron a La Opinión Austral que, junto a la Secretaría Legal y Técnica, trabaja para encontrar una alternativa que cumpla con el requerimiento.

El llamado a una sesión extraordinaria podría ser una de las opciones, aunque teniendo en cuenta el período vacacional se pondría en riesgo el cumplimiento del quórum necesario para sesionar.

También, el Ejecutivo podría enviar a la Legislatura un decreto ad referéndum, que sólo debería ser ratificado por los diputados o bien sería viable la elaboración de un nuevo proyecto que incluya el cambio del artículo en el que se detalla el período de vigencia para determinar nuevos plazos.

De todas maneras, las posibilidades que barajan en Alcorta al 200 recién comienzan a ser debatidas tras el reciente pedido de los gremios y los intendentes. Los tiempos para determinar los pasos a seguir deberán estar regidos por los plazos que impone la conciliación obligatoria, que en este caso es por 21 días.

En ese sentido, detallaron que ya se mantienen reuniones con los Ejecutivos municipales para informar acerca de las acciones llevadas a cabo por la petrolera YPF y las razones por las cuales resolvieron despedir a más de 200 trabajadores santacruceños. La idea, según indicaron, es “buscar una solución entre todos al conflicto y resguardar las fuentes de trabajo”.

 

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