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Río Turbio: “Hoy la mina no está produciendo por una decisión política”

Publicado el 14/04/2018  /   Sin comentarios

ateEmanuel Falavigna y Alejandro Alanis, mineros de Río Turbio, cuentan cómo es el proceso de ajuste en la empresa estatal. En las últimas horas encabezaron una marcha de antorchas al Congreso para exigir la reincorporación de los despedidos: “hablan de una reestructuración de la compañía, pero la están vaciando”

 

A 302 kilómetros de Río Gallegos, en Santa Cruz, las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre viven horas de angustia. La principal -de hecho, casi la única- fuente laboral por esos lares es Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), empresa estatal que viene sufriendo el vaciamiento y ajuste por parte del Estado nacional.

“Desde el Presidente para abajo, el Gobierno habló de reactivar la mina y el sistema productivo argentino, pero después nos encontramos con una ola masiva de despidos, no sólo en Rio Turbio, también en el INTI, el Posadas y tantos otros organismos vinculados a la industria y el bienestar de la población”, asegura Alejandro Alanis en esta entrevista con Canal Abierto.

Ante esta situación, los trabajadores de la mina de carbón y la usina carboeléctrica vienen protagonizando un conflicto que incluyó la toma del yacimiento, movilizaciones y reuniones con funcionarios de varios partidos políticos.

Apenas asumió Cambiemos, el Ministerio de Energía –cartera de la que dependen la mina y la usina-, adoptó una clara estrategia de ahogo financiero para con YCRT. En tan sólo un año, de 2016 a 2017, Juan José Aranguren le redujo el presupuesto, en términos nominales, en casi 30 puntos porcentuales. El mensaje era que sólo había plata para pagar salarios.

En este marco, en enero de este año llegaron 500 telegramas “extorsivos” que –denuncian los gremios de la Intersindical- buscaban “presionar a los trabajadores para que agarren los retiros voluntarios”.

“Se trató de un chantaje bajo la amenaza de que una vez despedido, ibas a cobrar menos dinero en concepto de indemnización”, Emanuel Falavigna.

Cabe recordar que a poco de asumir como ministro, Aranguren planteó que la mina requería de tan sólo 1200 o 900 operarios, algo que los trabajadores desmienten. El mensaje era claro e inequívoco, sobre todo cuando luego la plantilla pasó de cerca de 3 mil a 1800 trabajadores.

“Allá te quedas sin trabajo y no tenes otra opción laboral, las dos comunidades (Rio Turbio y 28 de noviembre) dependen directamente de la mina. Ahora son muchos los que están emigrando”, cuentan.

Otro foco de la embestida está a cargo de Omar Zeidán, interventor de Cambiemos en la empresa, quien denunció en el ministerio de Trabajo el convenio colectivo minero. Esta es la forma que tienen las patronales de forzar el arbitrio de la cartera laboral, para flexibilizar condiciones de empleo: incrementar horas de trabajo, eliminar adicionales, exigir mayor productividad. Hasta ahora no lo han logrado por la resistencia de los cuatro gremios con representación en el yacimiento.

“Le dan de comer a los grandes medios de comunicación con información que es falsa, que no trabajamos y tenemos grandes sueldos. Peor no hablan del costo de vida, cuando en un mes de supermercado podes gastar fácilmente 20 mil pesos”, señalan.

Respecto al intento mediático de vincular a los trabajadores con el ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido, entre otras cosas detenido por la acusación de desvío de fondos y defraudación al Estado por 280 millones de pesos en torno a la obra de la usina a carbón de Rio Turbio, los mineros sentencian: “La justicia debe investigar y juzgar si hubo corrupción en la gestión anterior. Nosotros no tenemos nada que ver, somos trabajadores sin bandería política”.

“Hoy la mina y usina no están produciendo por una decisión política”, señala Falavigna, y agrega: “hablan de una reestructuración de la empresa, pero la están vaciando”.

En la cuenca Carbonífera de Río Turbio y 28 de noviembre continúa la paralización de actividades, con asambleas y concentraciones en la boca de mina. En lo inmediato no pareciera que haya predisposición gubernamental para la apertura de un canal de diálogo. Tampoco una claudicación de los mineros, quienes tienen sobradas razones para defender su comunidad y una larga historia de lucha.

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