Cumbre de gobernadores con la Nación por la mega minería

En medio de la controversia desatada en el Noroeste argentino.

 
El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, recibirá entre mañana y el jueves en la Capital Federal a gobernadores de provincias con explotaciones mineras para analizar el desarrollo de la actividad y tomar posición ante las protestas de los ambientalistas.

Según pudo saber Noticias Argentinas, algunos gobernadores ya habían viajado a Buenos Aires para participar del encuentro, del cual no se informó hora ni lugar, en medio de un fuerte hermetismo para evitar escraches de ambientalistas, que ya organizaron varias protestas en el centro porteño.

Según trascendió, en la cumbre el funcionario podría proponerles impulsar asociaciones entre las empresas de cada distrito y las multinacionales que operan los yacimientos para que las provincias reciban más dinero. La reunión fue confirmada por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, quien detalló que “se está analizando un documento conjunto” como ocurrió ya con las petroleras, y agregó que “se evalúa asumir alguna posición, con la opinión y aportes de los sindicatos y de las universidades”.

Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Cruz son los principales territorios con actividad minera, aunque también hay explotaciones en Córdoba, Neuquén, Chubut y San Luis. La semana pasada, en medio de la profundización de las protestas en La Rioja y Catamarca, la presidenta Cristina Kirchner se refirió al tema durante una videoconferencia con la ciudad minera bonaerense de Olavarría, donde pidió “un debate en serio” al respecto.

LA POSTURA DE SAN LUIS

La ministra de Medio Ambiente de San Luis, Daiana Hissa, afirmó que en esa provincia “está prohibida la mega minería”, al informar sobre la prohibición de cinco minas de oro que fueron clausuradas por no contar con los estudios de impacto ambiental.

Hissa remarcó esas minas se habían instalado en la localidad de La Carolina y comenzaron a trabajar “sin tener aprobado el estudio de impacto ambiental”. La funcionaria remarcó que, “de inmediato, se procedió a la clausura mediante una resolución, y aun habiendo solicitado el levantamiento de la medida, mediante un recurso de revocatoria, este también fue denegado por el Ministerio y se notificará a las partes”.

Hissa, recordó que por la Ley Provincial Nº IX-0634-2008, en la provincia de San Luis se prohíbe el uso de sustancias químicas en procesos mineros, con especial énfasis en garantizar la preservación de los recursos hídricos. “Esta norma, imposibilita la radicación en la provincia de minería aurífera (caso Famatina y Bajo La Alumbrera, Belen – Catamarca), por requerir si o si el uso de este tipo de sustancias. También prohíbe la mega minería (Caso Pascua Lama, San Juan) por requerir esta, como insumo principal a grandes volúmenes de agua”, explicó la ministra.

Asimismo, Hissa remarcó que, desde el punto de vista productivo, “la actividad minera tampoco resulta relevante ya que por Ley Nacional Nº 24.196 de Inversiones Mineras las provincias no pueden gravar la actividad con más del 3 por ciento en todo concepto, sumando tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales”.

EL CASO DE ANDALGALÁ

La tensión en la ciudad catamarqueña de Andalgalá continuó en aumento luego de que asambleístas denunciaran allanamientos y el despliegue de “grupos de choque” para impedir las protestas contra la minería a cielo abierto, aunque la Minera Alumbrera se desvinculó de los episodios. Uno de los dirigentes de la Asamblea “El Algarrobo” de Andalgalá, Juan José Rodríguez, denunció que la ciudad está “sitiada” por personas que impiden el acceso a vecinos que se oponen a la minería a cielo abierto y también a periodistas que cubren las protestas.

“Es gente pagada por la empresa Bajo la Alumbrera, que está armando un ejército propio. Les pagan 100 ó 150 por cortar ocho horas la ruta de acceso a Andalgalá”, denunció el ambientalista en declaraciones a una radio porteña. Rodríguez denunció que en la ruta provincial 46 “le cortan el paso a vecinos de Andalgalá y a periodistas” y advirtió que “han sucedido hechos de violencia”. “Está sitiada la ciudad realmente”, alertó y denunció que la empresa minera “no sólo tiene plata para crear un ejército propio, sino que la fuerza pública está trabajando con ellos, la Justicia y los gobiernos provincial y nacional están avalando esas actitudes”.

Por su parte, la abogada Selena Herrera, patrocinante de los ambientalistas, denunció que en el corte que se registra en la ciudad catamarqueña de Andalgalá hay “grupos pro-mineros armados” y que “la Policía no está en el bloqueo”, lo que “genera una situación de gran inseguridad”. Sin embargo, la empresa La Alumbrera -que tiene la concesión para explotar cobre y oro en la mina Bajo La Alumbrera y en Agua Rica- emitió un comunicado en el que negó ser partícipe de “supuestos hechos ilícitos” en la ciudad de Andalgalá y destacó que “no es responsable ni tiene ningún tipo de relación con la aparición de grupos de choque en la localidad”.

“La participación de sus empleados en los acontecimientos reflejados en los medios de prensa sobre el cercenamiento a la libertad de expresión es absolutamente falsa. Respeta y hace respetar el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión democrática”, indicó la firma en el texto. Y, además de “lamentar” la situación en la ciudad se puso “a disposición de las autoridades pertinentes para solucionar un conflicto que -destacó- atenta contra el correcto desarrollo de la comunidad en general”.

Buenos Aires, NA.